Hasta hace poco en España solo se hablaba de la mediación familiar. Cada vez son más los sectores que pueden considerarse estratégicos para la mediación en nuestro país. Entre ellos, sin duda, se encuentra el ámbito sanitario.
La culminación del proceso de trasposición de la Directiva 2008/52/CE sobre ciertos aspectos de la mediación civil y mercantil a nuestro ordenamiento interno, mediante la Ley de mediación 5/2012 y el R.D. nº 980/2013, unida a la trayectoria que la mediación ya había recorrido en los territorios autonómicos, tanto desde el punto de vista legislativo como práctico, han permitido una creciente y expansiva implantación de esta metodología en otros ámbitos conflictuales distintos al familiar.
La proyección económica y social de las actividades vinculadas con la Salud trasciende los límites puramente sectoriales, pues no se limita a la actividad relacionada con la cartera de servicios del sistema sanitario, sino que también engloba segmentos tan relevantes como, entre otros, la biotecnología, la industria farmacéutica y de la alimentación. El sector sanitario es uno de los motores de progreso más relevantes de las economías desarrolladas, al tiempo que un indicador concluyente de la calidad de vida de los ciudadanos.
En los últimos tiempos son frecuentes las referencias al nuevo modelo de gestión sanitaria, caracterizado por su carácter integrado y centrado en el paciente, con criterios de selección basados en calidad y servicio. Personalmente me atrevería a afirmar que este modelo integrado no llegará a ser tal sin la inclusión de recursos como la mediación, fundamental para la prevención, la innovación y la participación de todos los agentes implicados en los conflictos generados dentro del sistema de salud.
El sistema sanitario es un complejo universo organizacional en el que concurren gran diversidad de agentes e intereses, que presenta en la actualidad en nuestro país sobresaturación de usuarios, escasez de recursos y un marco institucional y burocrático tan rígido y asfixiante, que constituye un espacio especialmente proclive a convertirse en foco infeccioso de conflictos. Y como cualquier foco de infección, sin la intervención adecuada, pronto se propaga multiplicando exponencialmente el riesgo de atrofia y pérdida de funcionalidad del sistema.
En el entramado interrelacional de este sector y sus distintos escenarios (centros de atención primaria, de especialidades médicas, de áreas hospitalarias y otras organizaciones específicas) concurren los ciudadanos (los pacientes y sus entornos familiares); los profesionales (sanitarios y no sanitarios); los proveedores, encargados de abastecer el sistema, y la Administración pública, encargada de su gestión.
Sin necesidad de profundizar en la tipología de conflictos que tiene lugar en este sector, no es difícil comprender, considerando las circunstancias que rodean a cada uno de los agentes que intervienen en él (situación de vulnerabilidad física y emocional de los pacientes, así como de sus familias; situación de estrés y carencia de recursos con que los profesionales deben realizar su trabajo en un sistema sobresaturado; las dificultades generadas a los proveedores por los números rojos que presenta el balance de este sistema y las limitaciones estructurales macroeconómicas dentro de las que la Administración Pública debe llevar a cabo su gestión), que el sector sanitario sea un auténtico caldo de cultivo para la incubación y desarrollo de conflictos.
Es necesario que, paralelamente a estos múltiples y variados circuitos de interacciones y problemas, se abran los correlativos espacios de mediación para: 1) garantizar un entorno organizativo eficaz y eficiente en relación a la prevención, gestión y resolución de conflictos, 2) facilitar un hábitat de trabajo saludable, con el consiguiente incremento del rendimiento laboral, 3) reducir costes colaterales y espúrios al continuo salud-enfermedad y 4) mejorar la satisfacción de los pacientes y la de los profesionales.
En definitiva, la inclusión de la mediación en el sistema sanitario permitirá consolidar su carácter integrado, coadyuvando a una prestación asistencial de calidad, con criterios de eficacia y eficiencia y a mantener este sistema apartado del judicial en su normal y adecuado funcionamiento.
